VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

viernes, 21 de mayo de 2010

- PROBLEMAS ACTUALES DE LA JUSTICIA. SOLUCIONES

Vicente Boluda Crespo

La presente ponencia pretende abordar desde una perspectiva real y crítica los problemas actuales existentes en la Administración de Justicia tanto en España como en el Reino de Valencia. Asimismo, pretendo aportar ideas y proyectos que, a través de Coalición Valenciana, puedan solucionar la grave crisis en la que se encuentra la justicia valenciana y española.

Daré comienzo a la exposición refiriéndome a los problemas existentes en el conjunto del territorio español para luego centrarme en aquellos que afectan más directamente a los valencianos.


1) Problemas actuales de la Justicia en España y propuestas para solucionarlos.


A) La crisis del Tribunal Constitucional.

El artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que éste, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sólo sometido a la Constitución y a la Ley Orgánica que lo regula.

Sin embargo, en los últimos tiempos, no parece tan claro que el Tribunal Constitucional sea un sano intérprete de la Constitución ni que sea independiente de los demás órganos. Respecto de la primera crítica, un claro ejemplo lo tenemos en los recursos planteados contra el Estatuto catalán: si bien es cierto que previsiblemente el Tribunal modifique algunos puntos de su articulado, también lo es que los retoques serán insuficientes. Ello es debido, como ahora veremos, a la segunda crítica.

El Tribunal Constitucional es jurídicamente un Órgano independiente de los demás, pero la realidad nos demuestra todo lo contrario. Todos sus miembros están claramente postulados en uno u otro partido y, por tanto, no sirven a los intereses generales de los españoles ni a la Constitución, sino a los de sus amos políticos, que son en definitiva, quienes allí les han puesto.

El problema viene dado por el sistema de elección de los propios magistrados que componen el Tribunal, doce en total. De ellos, cuatro son elegidos a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, la independencia respecto de los otros órganos es una falacia.

Desde Coalición Valenciana proponemos un sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que permita a éstos tomar las decisiones de manera libre, sin ningún tipo de injerencia por parte de los partidos políticos de turno, consiguiendo así un auténtico guardián de la Constitución al servicio de los intereses generales de los españoles, y no de los particulares de algunos.


B) El mal funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial, con competencia en todo el territorio nacional.
Es, por tanto, el órgano de gobierno de todos los Juzgados y Tribunales y, con subordinación a él, ejercen sus funciones los demás órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas. Su cometido principal es el de velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

Sin embargo el Consejo no está demostrando ser efectivo en el ejercicio de sus funciones. Actuaciones como las del juez Baltasar Garzón lo demuestran. Mientras el Consejo pide calma a todos aquellos que no están conformes con la imputación del citado magistrado, no toma las medidas adecuadas para que éste deje su cargo de forma cautelar. No se trata sólo del caso de los muertos del franquismo, el magistrado tiene otras dos causas abiertas, con acusaciones muy graves en su contra. En definitiva, un Poder Judicial débil y acomplejado.

Parte de esa debilidad viene también por el sistema de elección de los miembros del Consejo. Sus miembros se eligen, aunque de una manera más indirecta que en el Tribunal Constitucional, por los partidos políticos con representación en las Cortes. Por tanto volvemos a tener una institución que dice velar por la independencia de los jueces y magistrados pero que incumple ella misma, en su composición, la finalidad que persigue.

Desde Coalición Valenciana, proponemos un Poder Judicial más fuerte y sin complejos, con una composición más independiente y sin influencias de los partidos políticos de turno.


C) La falta de medios en la Administración de Justicia.

La administración de la justicia en España es vista por los ciudadanos como mala y lenta. Y razón no les falta. En una conferencia organizada en el mes de noviembre del año pasado por la revista The Economist, Zapatero admitió que la Justicia española como servicio público “ha sido olvidada". Se cuentan por millones las causas pendientes, y son muchos los errores judiciales que se cometen a diario, algunos con tremendas consecuencias. Muchos juzgados se encuentran colapsados por sus propios archivos, otros se encuentran en estado lamentable, incluso con problemas relacionados con la infesta de ratas. En definitiva, el plan de modernización de la justicia anunciado por el gobierno socialista no está dando resultado, y las reformas anunciadas ni llegan ni son suficientes.

Desde Coalición Valenciana proponemos una mayor implicación de la Administración con la Justicia, multiplicando el número de Jueces, Secretarios Judiciales y funcionarios así como una auténtica modernización de la Justicia, sin más declaraciones voluntaristas y con hechos de verdad.



D) Los establecimientos penitenciarios. Saturación. Cárceles como auténticos medios de reinserción.

El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de las personas que las sufran. Sin embargo, la realidad nos demuestra una vez más que el mandato constitucional queda en entredicho.

Así la mayoría de las personas que ingresa en un establecimiento penitenciario no queda “reinsertada” en la sociedad, sino que por el contrario, es muy posible su nuevo ingreso en prisión tras la primera visita. Ello nos lleva a la conclusión de que las cárceles españolas no están cumpliendo con su objetivo primordial, la reeducación y reinserción del penado, sino que cumplen única y exclusivamente una función punitiva del que ha infringido la Ley.

La ausencia de medios, económicos principalmente, hacen posible que los establecimientos penitenciarios se conviertan en centros de hacinamiento, donde no existen auténticos planes de reinserción, y donde el interno es un huésped más que ha de pasar por el trámite de la prisión.

Coalición Valenciana no se opone a que las penas privativas de libertad tengan un contenido punitivo, pero sí se opone a que éste sea el principal objetivo de la pena, ya que pensamos que el verdadero objetivo es el impuesto por el mandato constitucional: la integración de los penados.

Desde Coalición se pretende un ambicioso plan de modernización de los Establecimientos penitenciarios, y una mayor dotación estructural y económica para convertir las cárceles en verdaderas instituciones resocializadoras, apostando por eficaces programas educativos y formativos para los internos, consiguiendo que éstos acaben integrándose en la sociedad de manera natural y eficiente.


2) Problemas actuales de la Justicia en el Reino de Valencia y soluciones.


A) Falta de medios en la Administración de Justicia.

La administración de la justicia en la Comunidad Valenciana es en parte un reflejo de lo que ocurre en el conjunto de España: una justicia que llega tarde y mal. La saturación de los Órganos Judiciales valencianos es una realidad. Es un hecho del que es responsable no sólo la Administración estatal sino la autonómica. Así, la administración de la Administración de Justicia es competencia de la Generalidad Valenciana. Es ésta la que dota económicamente a los Juzgados para que puedan funcionar.

Una vez aclarado lo anterior, es un hecho que en muchos (por no decir todos) los partidos judiciales de la Comunidad se sufren retrasos colosales en la tramitación de asuntos (como en Nules, Requena o Denia). Y que en ocasiones, hasta los propios funcionarios han tenido que traer material de oficina para poder trabajar. Además la ausencia de personal es palpable. Todo ello supone una situación de caos, desesperación y desconfianza en la Administración de Justicia por parte de los ciudadanos residentes en la Comunidad.

Desde Coalición Valenciana proponemos inmediata modernización de la Justicia valenciana e insistimos en la creación de más partidos judiciales (con la consiguiente creación de nuevos Juzgados) para atender el enorme retraso en la tramitación de asuntos. Más Juzgados, más medios, mejor Justicia,


B) Abogados y Turno de Oficio.

El Turno de Oficio es la institución, dentro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que se encarga de prestar servicio jurídico a todas aquellas personas que se ven envueltas en un proceso judicial, o desean iniciarlo, y no disponen de los suficientes medios económicos. El Colegio, a través del Turno de Oficio, pone a disposición de estas personas sin recursos abogados de todas las especialidades. Abogados que han tenido que pasar una serie de requisitos para poder entrar a formar parte del Turno.

Los honorarios de dichos Letrados viene sufragado por la Generalidad Valenciana. Sin embargo, la media de pago está actualmente superando los seis meses de retraso, lo que supone enormes problemas económicos para los abogados ejercientes del Turno. Además de lo anterior, la Generalidad Valenciana pretende revisar a la baja el Convenio suscrito con el Colegio de Abogados, pagando auténticas miserias por la prestación del servicio, que en la actualidad es ya de por sí bajo.

Desde Coalición Valenciana no podemos consentir que aquellos profesionales que se encuentran realizando un servicio público perciban con un retraso descomunal los escasos honorarios por la realización del servicio. Proponemos así mismo que los honorarios que perciben los Letrados del Turno no sean rebajados, ofreciendo un compromiso de mantenimiento de los mismos, así como una subida cuando la situación financiera lo permita.


C) Creación de un Cuerpo de Policía Foral con fuertes competencias.

Año tras año escuchamos las mismas promesas, unas veces de manos del PSOE y otras del PP acerca de la creación de un cuerpo de policía autonómico propio. La Comunidad Valenciana se sitúa en la cúspide de tasas de criminalidad de toda España, cada vez hay más inseguridad en las calles, bandas latinas, del este, y organizadas de todo tipo que operan a sus anchas en el Reino de Valencia, violencia de género, doméstica, o simplemente delitos violentos de todo tipo son pan de cada día que copan los titulares de nuestros diarios. La única forma de llevar la delincuencia a mínimos es con más presencia policial en la calle, con más medios, con más apoyo institucional. Con la delincuencia “Tolerancia 0”.

Coalición Valenciana propone sin más demora, la creación de una policía foral propia, con competencias propias en materias de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, y no una policía adscrita que no sirve de nada. Una Policía competitiva, especializada, visible y cercana que de tranquilidad a los ciudadanos, un muro de contención y prevención de la delincuencia, con unos mandos no politizados, sino expertos, técnicos, formados. Asimismo exigimos también el acondicionamiento de las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil situadas en nuestro territorio, tan abandonadas y deprimentes, exigimos más medios y apoyo institucional para los mismos. Coalición Valenciana valora el esfuerzo y la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- PER UNA POLITICA DECIDIDA CONTRA LA CORRUPCIO EN TOTES LES SEUES DIMENSSIONS

Juan García Sentandreu

U dels mensajes-força de Coalicio Valenciana en les pasaes eleccions municipal i autonomiques de Maig del 2007 va ser la denuncia de la corrupcio institucional que ha aniuat en les administracions valencianes desde l´arrivà de la democracia.


Els 100 anys d´honradea socialista varen ser fulminats per multitu de casos de corrupcio que aplegaren no a soles aquestions vergonyosses com va a ser el procesament de Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, per apropiarse de fons reservats i de la fundacio de victimes del terrorisme i, el mes greu de tots, el processament i empresonament del Ministre i del Director General de l´Interior del govern de Felipe Gonzalez per terrorismo d´estat.


A l´hora d´estes circunstancies, en la nostra Comunitat era procesat el dirigent socialiste Rafael Blasco, en son dia jefe dels comandos terroristes del FRAP en Valencia, per un delicte de prevaricacio, malversacio i balafiament de fons publics com a responsable de la Conselleria d´Urbanisme, la mateixa que ocupà 17 anys despres pero en el joven del Partit Popular que, llunt de donar eixemple als seus votants, areplegà en les seues files ad este supervivent de la política, obviant les seues responsabilitats per corrupcio.


La corrupcio s´instala en el Goven del Partit Popular avans inclus de l´arrivà d´Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat. En l´any 1990, el conegut Caso Naseiro, botaba ales portaes dels mijos de comunicacio general com a cas paradigmatic de financiacio illegal de l´organisacio politica. Hui, 20 anys despres, el PP de la Comunitat Valenciana es troba en la mateixa encreuellà i davant unes sentencies que apunten inexorablement a la comissio i responsabilitat de tots els seus dirigents, encapçalats per l´actual President del Consell, Francisco Camps, de delictes de cohecho i financiacio illegal del PP per mig del cobrament de comissions ilicites.


El PP presentarà, si la seua diureccio no he ho impedix, un candidato imputat per cohecho que menti a la ciutadania negant l´evidencia de l´existencia d´una autentica trama mafiosa de la que si ell no va ser el mes beneficat, si que va permetre que atres carrecs institucionals i la propia organisacio popular reberen comissions, incurrint d´esta manera en un cas tipic i paradicmàtic de financiacio illegal.


Crec que Camps será, mes promte o mes trad, condenat. El que es conscient d´aixo està en este moment plantejante la posibilitat d´adelantar les eleccions i convertir la seua figura en un martir del socialisme i sometres a unes eleccions en clau de plebiscit, lo que supondria un insult a l´inteligencia de la ciutadania que es voria inmersa en una campanya alluntà dels autentics poblemes que te el poble valencià.


La corrupcio no es a soles la desvalorisacio de la tasca publica de servici a una causa o societat per mig de la degradacio personal del interfecto, es, ademes, una causa d´obstruccio de les responsabilitats administratives i politiques fins al punt d´anular la tarea de govern si les persones involucraes son de una relevancia com la del President de la Generalitat que, llunt d´estar al peu del canó en defensa dels problemes del dia a dia de la Comunitat que governa, no te mes temps que per a donar explicacions, anar al abogat o al psicoanaliste. Som, en este moment, en este greu moment politic i economic, una Comunitat sense govern, descapçalat pel balafiament i la corrupcio.


Pero no deben d´admetre a soles una concepcio reduccionista o espurea de la corrupcio ya que ésta te atres dimenssions que van mes allà dels delictes de cohecho o prevaricacio politica. La corrupcio te una dimenssio moral que, a banda de les responsabilitats judicials, deu de comportar l´asumpcio de responsabilitats politiques. Eixa dimenssio moral es en la que incurrix el politic que de manera voluntaria, conscient i dolosa, pren una decissio lesiva per als interessos generals de la societat a la que deu de servir.


Estic parlant de que determinaes conconductes politiques que violen la lletra de la llei o el seu espirit i que, hui per hui, a soles serien reprobables en sa dimenssio moral en responsabilitats politiques, deurien de ser seria i rigurosament tipìficaes i, en funcio de la gravetat, penats per la llei adquirint la dimenssio de penalitat.


No estic parlant de restituir el delicte de lesa patria o de traicio que serien conceptes relatius en funcio del governant o jutge de tanda, pero si les actuacions d´aquells politics i funcionaris que contradient l´espirit de la llei i dels principis, institucions i simbols en que es fonamenta, buiden de contingut i desvalorissen les lleis que regulen i protegixen la nostra personalitat valenciana.

Tinc que dir al voltat d´aço i per a que no capia el menor dubte de lo que estic parlant, que per a mi es infinitament molt mes greu i vergonyos que la financiacio ilegal del PP o els famosos trages de Camps, la delictiva actuacio de l´exconseller Esteban Gonzalez Pons, pactant i admitint, en una reunio secreta en Barcelona i en nom del Goven Valencià, l´ofisialisacio del català, per primera vegà en la historia de la Comunitat Valenciana, per mig de l´ultrajant dictamen de 9 de febrer de 2005, de la nefasta i corrupta Academia Valenciana de la Llengua (AVLL).


Hem de ser conscients , no tindre por ni complexe en admetre que la personalitat valenciana necesita, mes que mai, una llegislacio que la preserve dels greus atacs que estem patint per part del catalanisme que, hui per hui, aniua en tots els partits politics valencians, manco Coalicio Valenciana.


I per aixo Coalicio Valenciana deu de preservar, en tots els llocs de representacio que pugam ostentar, la llei i la personalitat valenciana de la que som defensors sense paliatius i reserves. Tots els membres de Coalicio Valenciana deuran de tindre una conducta exemplar en la defensa dels interessos del poble valencià, no a soles no propiciant actes de corrupcio económica sino, ademes, deixant-se la seua dignitat valencianista recolçant iniciatives o actes de dimensio antivalenciana o catalanista.

Per aixo, Coalicio Valenciana, propon:


1.- La modificacio del codic penal vigent per tal de penalisar als politics i funcionaris que dolosament vulneren els principis fonamentals dels valors, simbols, institucions i drets historics regulats en la llegislacio constitucional deriva en els estatuts d´autonomia vigents.


2.- L´inclussio com a requisit necesari per a autorisar per part del Ministeri d´interior d´organisacions i partits politics, l´inclussio en el seus estatuts com a obligacio d´observancia i en pena d´explussio, de fidelitat als principis estatutaris i de respecte als valors, simbols i drets básics i historics protegits en la llegislacio constitucional, autonómica o foral de les comunitats.

3.- La modificacio de la llei de la funcio publica y demes llegislacio concurrent i concordant, per tal de penalisar administrativament a tots els funcionaris que contravinguent la llei i el seu espirit violen drets, institucions i simbols historics del poble valencià.

Moltes gracies.