- VALENCIANISMO SOCIAL: DEMOCRACIA, CIUDADANO Y TRABAJO

José Manuel Vidagany Peláez

Hablar de economía en un momento como el actual podría resumirse de una forma muy sencilla con la afirmación de que nuestro país está dirigida por un presidente del gobierno que es un absoluto camicace, que desarrolla una política económica errática e improvisada, pero con la suerte de tener enfrente a un Partido Popular ineficaz y plagado de incongruencias, corrupción y divisiones que provocan desconfianza en los votantes, lo que le ha llevado incluso a perder 1,5 puntos de distancia con respecto al partido socialista en las últimas encuestas de intención de voto.

Pero con esta afirmación nos quedaríamos exclusivamente en un mero titular de prensa. Lo que pretende esta ponencia es profundizar en las causas y consecuencias de la crisis, así como exponer las propuestas planteadas Coalicio Valenciana para salir de la misma.

Hoy sabemos que al margen de lo que se ha venido en llamar el “crack de la burbuja inmobiliaria”, el elemento fundamental sobre el que orbita la gravísima crisis económica actual, es la nefasta gestión de los recursos públicos que realiza nuestra clase política, la cual acude sistemáticamente al endeudamiento sin reparar en gastos, lo que provoca que el saldo final de las cuentas públicas sea el de quiebra técnica del sistema. De esta manera, y como dicen todos los analistas, el problema griego ha sido su deuda insostenible, y el problema que tiene España y otros países de nuestro entorno, es el mismo: el endeudamiento y el despilfarro. Las medidas que ha adoptado desesperadamente el presidente Zapatero, tras más de 2 años de inactividad, sólo se pueden entender si tenemos presente que nuestra sistema financiero se ha situado peligrosamente frente a los especuladores económicos, ante el abismo de la quiebra, con una administración pública sobredimensionada y un despilfarro galopante, no sólo del gobierno central, sino también de las autonomías, muy especialmente la valenciana.

Y hablamos de despilfarro del gobierno central porque durante las dos últimas legislaturas el gobierno socialista que nos preside se ha dedicado a hacer demagogia y apología política, regalando el dinero en gastos totalmente superfluos y dilapidando los años de bonanza económica que había registrado nuestro país.

Y este despilfarro lo podemos ver cuando sabemos, por ejemplo, que la polémica Ley del Aborto de la Ministra de Desigualdad, la Sra. Aído, que entrará en vigor el próximo 5 de julio, producirá más de 112.000 abortos al año en España, según fuentes del Instituto de Política Familiar, teniendo todo ello un coste anual de 19,6 millones de euros.

También debemos saber que el gobierno de Zapatero creó ad personan dos nuevos Ministerios que con el transcurso del tiempo se ha demostrado inservibles. Estoy hablando del Ministerio de Igualdad, que se ha convertido en el mayor instrumento de adoctrinamiento que se puede crear en una democracia, así como el Ministerio de Vivienda, que si realmente sigue funcionando, y eso es lo que nos dicen, podemos concluir que ese Ministerio ha sido un auténtico fracaso, y más bien podría transformar su nombre por el de Ministerio de renegociación de la hipoteca, que es lo que más se ajusta a la realidad de estos tiempos. Cerrando esos dos Ministerios y abogando por un verdadero reparto competencial entre Estado y autonomías podría ahorrarse alrededor de 7.800 millones de euros, algo muy a tener en cuenta, cuando con el recorte en prestaciones sociales, pensiones y sueldos de funcionarios que pretende realizar Zapatero sólo será un ahorro de 15.000 euros.

Volviendo a los despilfarros de Zapatero, también tenemos que recordar la creación para este próximo verano de una nueva fiscalía contra la discriminación y por la diversidad sexual que está impulsada por el secretario federal de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, que tendrá un coste real para los bolsillos de los españoles de más de 10 millones de euros.

Algo similar ocurre con la Ley de Memoria Histórica, donde el Estado tendrá que gastarse más de 3,5 millones de euros anuales en subvenciones y ayudas para organizaciones de extrema izquierda que sólo pretende vivir de la confrontación y de reabrir viejas heridas que hace más de 70 años enfrentaron a hermanos contra hermanos.

Lo mismo sucede con la propuesta de traducción de las lenguas cooficiales que se está impulsando en el Senado, especialmente de la mano de la Secretaria interplanetaria del PSOE, la Sra. Pajín, donde en su lamentable intervención defendió la unidad lingüística de valenciano y catalán, a pesar de ser Senadora gracias a los votos de los ciudadanos de esta tierra. Esta medida, que de partida sale discriminando al valenciano como lengua diferente y diferenciada del catalán, costará al erario público más de 1 millón de euros.

Por su parte, las embajadas fantasmas que muchas Comunidades Autónomas, no sólo la catalana, ya que Valencia, Aragón o La Rioja también cuentan con este tipo de entidades inútiles repartidas por el mundo, cuestan en su conjunto la friolera de 45 millones de euros.

Y no hablemos de las subvenciones que recibe nuestro mediocre cine, representado y abanderado por Bardenes y compañía, a los cuales se les ve más en las manifestaciones de apoyo al gobierno que haciendo verdadero arte escénico. Pues estos amigos de Zapatero se llevan al año la nada desdeñable cantidad de 125 millones de euros.

He dejado para el final de esta relación de despropósitos y despilfarros del gobierno de Zapatero, al ministro de podría decirse que se gasta el dinero “con más gracia”. Me estoy refiriendo al ministro de asuntos Exteriores, el Sr. Moratinos, que por ejemplo ha gastado 50.000 euros para enseñar a tocar la marimba, 30.000 euros en las Lesbianas y Gays de Zimbabwe o 500.000 euros en los chorretones de Miquel Barceló que supuestamente decoran la Cúpula de las Naciones Unidas, en total, las bromas de Moratinos nos han costado otros 20 millones de euros.

Sumado todo esto, y muchos otros desmanes del gobierno de Zapatero, tenemos la sangrante realidad de que los socialistas durante estos años han gastado un 30% más de lo que se ingresaba, multiplicando por un 110% el déficit de la caja del Estado.

Pero si el despilfarro que hemos analizado llega desde el gobierno socialista de Zapatero, las Comunidades Autónomas son también un pozo sin fondo del Estado, y entre ellas ocupa un lugar muy privilegiado la Comunidad Valenciana.

Porque amigos, la Comunidad Valenciana es para España … lo que España es actualmente para Europa. Es decir, somos la rémora de un país que camina sin rumbo.

En esta situación de descontrol contable del Estado, la Comunidad Valenciana sigue encabezando el ranking de las autonomías con mayor deuda pública en el 2009.

Desde el 2006 al pasado 2009 la Comunidad Valenciana ha sido capaz de aumentar un 50% su nivel de endeudamiento, pasando de 10.936 millones de euros, a los actuales 14.329 millones de euros.

Estas cifras, que a muchos ciudadanos parecen no preocuparles, porque “Rita nos tiene Valencia muy bonita” o “Los trajes de Camps son una mera anécdota” debemos de recordar que suponen que cada valenciano tiene una deuda con el Estado de 2.813 euros, y como ninguno de nosotros tiene la intención de acudir a su Delegación de Hacienda para liquidarla, esta deuda se traduce finalmente en recortes sociales, incapacidad de la Generalitat Valenciana para apoyar sectores estratégicos como el campo o la industria tradicional valenciana, listas de espera en la sanidad, supresión de ayudas para la dependencia, menos becas para nuestros hijos, más barracones en los colegios, barrios degradados o servicios públicos más deficitarios. No pensemos que el hecho de que la Comunidad Valenciana sea la segunda autonomía con mayor deuda pública no nos va a pasar factura a todos y cada uno de nosotros.

Señores, la crisis económica ya la estamos pagando todos, que no vengan los demagogos a decirnos que la crisis la paguen los ricos. Para ese discurso ya tenemos al PP de Rajoy, un partido acomplejado e incapaz de presentar su programa de medidas económicas ante la sociedad española.

¿Dónde está el programa económico del PSOE o del PP para sacarnos de la crisis, más allá de unas medidas fiscales improvisadas, sin proyección de futuro y que no resuelven el problema del paro, la financiación de las empresas y de las familias?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para luchas contra un paro de más del 20% de la población activa, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para acometer la necesaria reforma laboral y cuál va a ser su contenido?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para reducir el déficit y el despilfarro de la Administración central y las autonómicas?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para ayudar al millón trescientas mil familias con todos sus miembros en paro?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para dar empleo a ese más de un millón de parados mayores de 45 años?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para crear un escenario de futuro a una de las generaciones de jóvenes más formada de las últimas décadas en España, y cuyo único destino, es la cola del desempleo?

¿Dónde están las medidas del PSOE o del PP para combatir el empleo ilegal por el que sólo el 25% de los inmigrantes regulares que hay en España cotizan a la Seguridad Social?

Ha llegado la hora de hablar claro y señalar con el dedo a los auténticos responsables de la actual crisis, que no son otros que nuestra clase política, los medios de comunicación, la banca y un sistema democrático cercenado por el poder del dinero.

Desde Coalicio Valenciana rechazamos cualquier medida que se pueda adoptar en el Pacto de Toledo por el PP-PSOE y que suponga elevar la edad de jubilación a los 67 años, y lo decimos alto y claro, porque esa medida es sólo un parche al verdadero problema del envejecimiento demográfico que está sufriendo nuestro país. Mientras que no se adopten iniciativas políticas de calado para apoyar a la natalidad, para mejorar las condiciones laborales de las mujeres que decidan tener un hijo, o para ayudar social y económicamente a las familias, el problema de la subsistencia del sistema de pensiones en España seguirá lastrado, y que nadie venga a decirnos que la inmigración resolverá esta cuestión, ya que ese discurso de puertas abiertas se ha demostrado totalmente ineficaz y falso.

Desde Coalicio Valenciana rechazamos la congelación de las pensiones de nuestros ancianos, ya que el coste de esa medida podría ser suplido simplemente con la supresión del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Igualdad y con una correcta redistribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Desde Coalicio Valenciana rechazamos la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos, si antes no se acomete un Plan de Ajuste Integral de la Administración que luche contra una deuda pública insostenible y contra el despilfarro de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Para ello, Coalicio Valenciana realizará una auditoria independiente de todas las Administraciones públicas donde tengamos representación a partir de 2011 con el objetivo de fiscalizar la actuación de sus antecesores, así como acometer las medidas necesarias para reducir el gasto innecesario y realizar un adecuado ajuste contable de la Administración.

Desde Coalicio Valenciana defendemos una Reforma Laboral coherente con el momento actual que vivimos, adecuada para las necesidades de nuestros empresarios y exenta de la demagogia sindical.

Desde Coalicio Valenciana rechazamos la subida del IVA que pretende el gobierno central para el próximo mes de julio de 2010, apostando por una reducción de dos puntos en el IVA para pymes y autónomos, así como bonificaciones a la contratación de trabajadores por las empresas durante el período 2010-2015, como medida para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Desde Coalicio Valenciana abogamos por una Ley de Regulación de la Banca y de los Sectores Estratégicos que consiga: volver a activar la economía, redistribuir la riqueza, así como parar la subida de los servicios básicos como luz, agua o teléfono e inyectar dinero a las empresas y a las familias. Es inmoral que con la situación de crisis que está atravesando el país, bancos como el Santander, BBVA o empresas como Telefónica hayan alcanzado sus records de beneficios en el pasado año 2009. Y para esto necesitamos un gobierno fuerte dispuesto a hacer las mismas leyes que se están impulsando en Estados Unidos.

Desde Coalicio Valenciana pedimos ejemplo a los políticos para que se reduzcan drásticamente el sueldo, eliminen asesores, pensiones privilegiadas y coches oficiales.

Desde Coalicio Valenciana exigimos un recorte en las ayudas destinadas a unas organizaciones sindicales cómplices y autores intelectuales de los dos años de inactividad del gobierno central.

Desde Coalicio Valenciana impulsaremos una Ley de la Administración Tributaria que luche contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Desde Coalicio Valenciana reformaremos el sistema de financiación de las entidades locales, acometiendo la necesaria tercera descentralización del Estado y dotando presupuestariamente a los entes locales de los recursos que necesitan, apostando por un verdadero reparto competencial y territorial entre gobierno central, autonómico y corporaciones locales.

Desde Coalicio Valenciana desarrollaremos una Ley Autonómica de Ayudas y Subvenciones Públicas donde se supriman criterios discriminatorios en el disfrute de becas escolares, sanitarias y sociales, priorizando como premisa básica el principio de “ciudadano autóctona” para tener derecho a estas ayudas oficiales.

Pero por encima de todo, y como criterio orientador de las políticas económicas y fiscales de Coalicio Valenciana, tendremos como elemento inspirador la Constitución Española de 1978, que supuso un momento crucial en el camino de la cimentación de principios básicos como Estado del Bienestar, justicia, libertad y seguridad, con el objetivo de dar forma a un nuevo Estado de Derecho que asegurase y protegiese a todos sus ciudadanos. Nuestra Carta Magna, y por ende Coalicio Valenciana, apuestan por un modelo de política social avanzada, donde se salvaguarden los valores europeos de igualdad, solidaridad y justicia.

El final del crecimiento económico que estamos padeciendo, la inflación, la crisis fiscal del Estado o la quiebra del sistema bancario pueden provocar que la clase política pretenda replantear la mayor parte de los postulados y la función del Estado de Bienestar, pero la alternativa de un Estado mínimo y una economía radicalmente liberal o un Estado excesivamente intervencionista no van a resolver los problemas que nos acucian.

Nuestra apuesta, la apuesta de Coalicio Valenciana, es por la defensa de la economía social, un nuevo concepto que nosotros acuñamos en este Congres Foral, y donde el ciudadano es el verdadero protagonista. Nosotros apostamos por un valencianismo social.

Para Coalicio Valenciana el Estado social no puede ser un mero conglomerado de servicios, dirigido al uso de recursos de forma indiscriminada. Nosotros entendemos que la economía debe estar al servicio de los ciudadanos, y la economía social que propugna Coalicio Valenciana debe ser una gran estructura en la que el poder político, con medios legislativos y administrativos, se emplee para modificar y regular el juego de las fuerzas del mercado y las desigualdades.

Esa economía social que defendemos hoy aquí debe tener el efecto de contribuir a la reconciliación entre capitalismo y democracia.

Los cambios que ha traído el Estado del Bienestar han afectado no sólo a la distribución de la renta y a la acumulación del capital, sino también a la producción de trabajo y a muchos de los valores y derechos que se han ido adquiriendo durante el presente período democrático.

Admitiendo que existe a nivel nacional e internacional una situación de crisis económica compleja, la cual está llevando incluso al Estado a una cierta inestabilidad financiera, no es menos cierto que en esta coyuntura, sectores como la discapacidad, la dependencia, los parados, la tercera edad o los jóvenes se han visto más afectados que el resto de ciudadanos, ya que los problemas que vienen arrastrando estos colectivos son endémicos a su propia concepción, mucho antes que la propia crisis. Y por lo tanto, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar principios básicos que no pueden cuestionarse ni por la crisis económica ni por los desmanes de la clase política. La democracia debe mostrar toda su amplitud en estos momentos, y las garantías sociales, la justicia y el empleo son los únicos estímulos que crearán riqueza, provocarán que la economía vuelva a circular y que el país adquiera la confianza para salir de esta crisis.

Desde este estrado, Coalicio Valenciana se opone a las políticas de reducción del gasto presupuestario de la Administración a costa de colectivos vulnerables, ya que la verdadera configuración de un Estado democrático se asienta en la necesidad de garantizar en igualdad de condiciones el estatus de ciudadano, y ese disfrute pleno de su libertad sólo se produce con el reforzamiento de los instrumentos y las medidas gubernamentales en beneficio de una verdadera economía social.

Esta es la propuesta económica y social que nuestro partido lanza a la sociedad valenciana, un programa ambicioso, estricto en el gasto, social en lo económico y leal con los valores y principios inspiradores del Nou Valencianisme.

En nuestras manos está ahora, y de aquí a las próximas elecciones locales de mayo de 2011, que los valencianos conozcan que existe otra forma de hacer política y una alternativa de gobierno al PP y PSOE que se llama Coalicio Valenciana.