- LA FUNCIÓN PÚBLICA

José Manuel Bou Blanc

En los últimos 25 años la función pública española y, dentro de ella, la valenciana, se han degradado de igual modo que la clase política que las dirige. El modelo tradicional del empleo público español, el cerrado o de carrera, no era perfecto, destacándose entre sus problemas la endogamia, el acomodamiento o la falta de motivación de sus funcionarios. Sin embargo ese modelo garantizaba que las administraciones públicas contaran con un personal cualificado, que al desarrollar toda su vida profesional en el desempeño de funciones públicas adquiría unas destrezas administrativas importantes y que era independiente e inmune a los cambios políticos. En la actualidad ese modelo ha venido siendo parcialmente sustituido por el anglo-sajón o abierto, caracterizado por una menor estabilidad en la relación entre la administración y el empleado público, y lo ha hecho de un modo poco armonioso, dando palos de ciego con reformas sin sentido, que con la excusa de luchar contra la endogamia o el acomodamiento, solo servían para vulnerar los principios de igualdad, merito y capacidad en el acceso a la función publica. Dicho de otra manera para enchufar a sus amiguitos.

Algunos de los cambios que ha experimentado la Administración Española en los últimos años son los siguientes:
Duplicidad de órganos causada por el sistema territorial.
Aparición del personal laboral como alternativa al funcionarial.
Popularización del concurso-oposición como sistema de selección.
Aumento de la temporalidad.
Aumento del personal eventual y de los asesores.
Aumento de los puestos a proveer por libre designación.

El resultado de este proceso ha sido una Administración con un personal menos cualificado, menos motivado, con menos experiencia y más dependiente de los cambios políticos, sobredimensionada en algunos órganos y con escasez de personal en otros y, en definitiva, menos eficaz.

La estrategia de la clase política de dividir a la sociedad para que esta no repare en que ellos son los verdaderos culpables de esta situación ha vivido recientemente un nuevo episodio con la noticia de que los funcionarios han visto incrementadas sus retribuciones a lo largo de los últimos años en más de un 5%, cuando la media europea ronda el 3%. La Vicepresidenta del gobierno ha llegado ha calificar esta situación de indecente en un alarde de cinismo ya que el incremento de las percepciones de los cargos políticos es excepcionalmente superior.

Si observamos la situación del empleado público español nos llevaremos alguna sorpresa. La principal ventaja de la condición de funcionario solía ser la estabilidad en el empleo, pero esto solo se predica de los funcionarios de carrera. Con la moda de los concursos-oposición en lugar de oposiciones libres para acceder a la función pública se ha multiplicado el número de interinos en nuestras administraciones de modo que en estos momentos aprobar una oposición no basta para ser funcionario, hace falta también tener puntos que solo se ganan siendo interino. De esta forma ahora se supera un dificilísimo proceso selectivo no para tener plaza, sino para entrar en una bolsa de trabajo de la que le llamaran, o no, según las necesidades de personal que tenga la Administración y el número de enchufados que tenga por delante. Cuando finalmente le llamen estará como interino y su empleo será tan inestable como el de la empresa privada, pudiendo irse a la calle de la noche a la mañana. Pedirles a estos funcionarios sacrificios en virtud de la estabilidad del puesto que ocupan, parece una broma de mal gusto.

En lo que se refiere a sus retribuciones la situación es bastante desigual. Mientras que en la Administración General del Estado y en la de la mayoría de las Comunidades Autónomas los sueldos son bastante bajos, en algunas entidades locales suelen dispararse por el clientelismo político de sus responsables que pretenden comprar así el voto de sus funcionarios. De este modo un auxiliar del estado puede cobrar unos 900€ al mes según el puesto que ocupe. Uno de un Ayuntamiento que pague bien, si ocupa un buen puesto y tiene trienios, puede llegar a percibir más de 2000€. Evidentemente la congelación salarial no afectara a todos por igual. Además este año la subida ha sido ridícula (menos de un 0,5%) y como las retenciones fiscales han aumentado, la mayoría de los funcionarios cobra menos en limpio este año que el pasado (en algunos casos hasta 150€ menos al mes).

Mientras tanto el sueldo de un diputado alcanza casi los 4000€ pudiendo llegar a 6500€ con dietas y otras prebendas, además con dos legislaturas puede disfrutar de la pensión máxima, sin contar con los coches oficiales, los miles de asesores puestos a dedo, etc. En ese contexto creo que todos menos la Vicepresidenta entendemos lo que es “indecente”.
Existen funcionarios competentes e incompetentes, trabajadores y vagos pero por norma general son mucho más competentes y trabajadores que los políticos que los dirigen.

El mayor hito en cuanto a abusos y desvergüenza de toda la Administración Española lo protagonizó la Administración de la Generalitat Valenciana hace algunos años con lo que se llamo el “plan de estabilidad”:

La Constitución y las Leyes disponen que las necesidades de recursos humanos de las Administraciones Públicas sean expresadas en las ofertas de empleo público, para ser cubiertas por funcionarios de carrera, previa superación de los respectivos procesos selectivos, en base a sus convocatorias, inspiradas en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para ello el procedimiento ordinario es la oposición. Una vez en la Administración los funcionarios de carrera obtendrían sus puestos por concurso de méritos, de modo que ello no sólo supone un método justo para quienes prestan servicios en las AAPP, y para quienes pretenden prestarlos, sino que es la forma de que accedan a la función pública las personas más preparadas y, una vez en ella, obtengan puestos de mayor responsabilidad, quieres más posibilidades tienen de desempeñarlos con altas cuotas de eficacia.

Por desgracia en los últimos años, la Administración de la Generalitat Valenciana no ha seguido ese camino vulnerando, en todo caso, el espíritu (probablemente también la letra) de la CE y la LFPV practicando lo que podríamos llamar “malas artes administrativas” llegándose a una situación insostenible. En primer lugar las necesidades de personal no han sido ofertadas para su cobertura por funcionarios de carrera, y en segundo, no se han provisto gran cantidad de puestos mediante el concurso de méritos, sino que se han potenciado la Libre Designación, las Comisiones de Servicios y, particularmente, la entrada de funcionarios interinos cuya selección es mucho menos rigurosa y más arbitraria que la del funcionariado de carrera. Algunos interinos, particularmente quienes han accedido a esta condición a través de bolsas de trabajo, han estado apunto de superar durísimos procesos selectivos, y, posiblemente, muchos de ellos los hubiesen superado, si se hubiesen ofertado el número de plazas acorde con las verdaderas necesidades de la administración y no uno muy inferior. No obstante no todo el personal interino ha accedido a la función pública de esta manera. A menudo el orden de las bolsas de trabajo ha sido alterado de modo arbitrario, como incorporando entrevistas, e incluso en ocasiones, se ha prescindido por completo de las mismas, alcanzándose sospechosos acuerdos entre Administración y sindicatos que han sido una puerta abierta a la comisión de notorios abusos, que han rayado, en opinión de muchos, en el nepotismo, pero en todo caso arbitrarios y contrarios a los principios de la CE.

Pero el colmo del cinismo y la desvergüenza llegaron cuando la Administración Valenciana pretendió consolidar esta anómala situación “regalando” la condición de funcionarios de carrera a algunos interinos. Primero transformando el excepcional sistema del concurso-oposición en el habitual, en perjuicio de la oposición, dado que en la fase de concurso tienen ventaja los interinos. Dicha fase de concurso empezó suponiendo un 20% de la nota, para representar después el 40%, máximo permitido por la Ley. Además se sobre-valoraron los méritos que sólo se podían obtener dentro de la Administración, en perjuicio de los demás. Dado que ni por esas aprobaban los que la Administración y los sindicatos querían colocar, la Administración Valenciana, recién estrenado el Gobierno de Camps, llegó a proponer un “plan de estabilidad” con pruebas restringidas al personal interino, presumiblemente sencillas (se limitarían a un ejercicio práctico, frente a los tres ejercicios: test, teórico y práctico, siendo el teórico el examen más complicado de las oposiciones hasta ese momento) que evidentemente resultaba inviable por flagrantemente ilegal y anticonstitucional. Constatada la imposibilidad de sacar esa barbaridad adelante, que vetaría el acceso a la función pública valenciana a opositores no interinos, durante prácticamente toda esta década, la lamentable “Administración Camps” propuso y llevó a cabo unos pintorescos procesos por el sistema “concurso-oposición” en que una hinchada fase de concurso en la que puntuaba más alto haber sido cinco meses interino que tener dos carreras universitarias, y una ridícula fase de oposición, sin prueba teórica, hicieron prácticamente imposible la entrada de “gente de la calle” durante varios años. Y todo ello con la complicidad de la mayoría de las centrales sindicales de funcionarios.

La situación actual es lo más parecido al caos. Tenemos administraciones que no saben donde terminan sus competencias y empiezan las de otros entes, personal funcionario y laboral, o de distintos grupos de titulación, haciendo el mismo trabajo, casi ningún puesto esta ocupado por su titular, hay funcionarios que reciben un curso de formación cuando ya van a abandonar su puesto, etc, etc…

Recientemente ha sido aprobada la nueva norma básica de la función pública, el Estatuto básico del empleado público, que debía afrontar esta situación. Ni que decir tiene que no lo ha hecho. Además la nueva norma ha introducido un nuevo tipo de personal: el directivo. Esto supone la legalización de una práctica abusiva que estaban llevando a cabo algunos Ayuntamientos catalanes consistente en situar a un “gestor” por debajo del Alcalde y por encima de los funcionarios habilitados nacionales, presuntamente procedente del mundo privado, para aportar criterios de eficiencia empresarial a la Administración, pero que en la practica solía ser un pariente del Alcalde. Otra novedad de la Ley es lo previsto en torno a la evaluación del desempeño. Fuentes de las propias administraciones están diciendo que por falta de presupuesto no esperan poder desarrollar esta parte en menos de 15 años.

Recientemente, a consecuencia de la crisis y de los problemas presupuestarios del gobierno, se han reducido drásticamente las plazas convocadas en los procesos selectivos. En la última oferta de empleo público de la Administración General del Estado ha llegado a reducirse en un 90%, frustrando las esperanzas de miles de opositores, muchos de ellos en desempleo. Esta medida, lejos de reducir el número de funcionarios, solo logrará aumentar la temporalidad, ya que las necesidades de recursos humanos deberán satisfacerse de todas formas, para que puedan funcionar los servicios, y lo harán aumentando el número de interinos, algunos de ellos opositores en bolsas de trabajo y otros no, alimentando el proceso de degradación ya descrito.
Por todo ello desde Coalición Valenciana proponemos:
- Reordenación de competencias y funciones para que las administraciones y los órganos tengan claramente delimitado su ámbito de actuación.
- Progresiva desaparición del personal laboral y del personal directivo.
- Recuperación de la oposición libre como sistema de acceso por encima del concurso oposición.
- Reducción de la temporalidad aumentando las ofertas de empleo público.
- Drástica reducción del personal eventual y de los asesores.
- Aumento de los concursos de méritos como forma habitual de provisión de puestos, reduciendo los sistemas temporales como las comisiones de servicios y la libre designación.
- Igualación de retribuciones de los funcionarios de distintas administraciones.
- Reorganización de los sistemas formativos para garantizar los conocimientos necesarios a la hora de asumir un puesto o función.
- Introducción de la Administración electrónica con criterios de eficacia y no como recurso propagandístico.
- Nombramiento de interinos únicamente en función de las bolsas de trabajo formadas al efecto entre los opositores que habiendo superado un examen no hubieren obtenido la plaza.
- Establecimiento de un sistema de cruce de datos entre administraciones operativo que concilie el respeto a la privacidad y a la Ley de Protección de datos con la eficacia que permita reducir los documentos a presentar con las solicitudes.
- Tendencia a la equiparación de retribuciones entre los funcionarios de distintas administraciones.

Solo con una clase política digna podremos tener una función pública eficaz.